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El Juzgado de Primera Instancia número 64 de Madrid ha condenado a Bankia a devolver los 900.000 euros que un matrimonio invirtió en preferentes.

La sentencia concluye que “se produjo vicio del consentimiento, sufrido por los demandantes […] al carecer aquéllos de la información obligada más allá de que fuera firmada la documentación” y achaca a Bankia la “inobservancia reglada de los trámites oportunos imperativos”. La entidad, añade la decisión judicial, “no ha acreditado, cual le correspondía, que cumpliera con las exigencias normativas cara a los inversores/consumidores en punto a que conocieran todas las circunstancias, incluida la situación de la Entidad Bancaria, cuando emiten las participaciones preferentes y en especial el riesgo que suponía la adquisición de las mismas cuando en el momento que se adquieren, en concreto en el año 2009, la deficiente situación financiera de las entidades bancarias”.

El procedimiento judicial, que ha dado como resultado la condena a Bankia a devolver lo invertido, más intereses, y al pago de las costas, ha sido llevado por el abogado D. Valentín Rodríguez Gómez socio del Despacho de Abogados Estudio Jurídico Rodríguez Hermosilla.

Entre lo ya desembolsado y las provisiones constituidas, BFA-Bankia asume un coste de 1.921 millones entre las cantidades reembolsadas mediante el arbitraje (alrededor de 1.200 millones) y las condenas judiciales.

A lo largo de 2014, las sentencias condenatorias ya obligaron a Bankia a pagar 237 millones de los primeros 246 millones de quebranto que debía asumir el banco cotizado en función del convenio suscrito entre éste y el FROB. La provisión constituida para cubrir los costes de las reclamaciones judiciales por las preferentes alcanzó el pasado año los 484 millones.

Los preferentistas siguen peleando por los ahorros de toda su vida. “Metimos el dinero en el banco. Era nuestro sustento para la vejez. Nos lo pusieron como un ahorro a plazo fijo, fue lo que nos dijeron. Nos contaron que nos los devolverían en cinco años y que si lo necesitábamos nos lo devolverían en 48 horas, sabiendo que el banco ya había quebrado. Eso es una estafa. En cualquier país del mundo ya estarían en la cárcel”, dice una de las afectadas por las preferentes.

Apenas 24 horas tardó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra en resolver los recursos de dos afectados por las preferentes que cuestionaban las multas que les había impuesto la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra por supuestos excesos en sus protestas de 2013 ante los políticos del PP. Las vistas fueron el jueves pasado y las sentencias se redactaron el viernes, con razonamientos muy similares en los que se indica que los atestados de la Guardia Civil eran tan vagos que no justifican las sanciones.

Xulio Vicente, portavoz de la plataforma de afectados de Baixo Miño, tenía una multa de 500 euros por intentar “alterar el orden y el normal desarrollo” de la Festa do Salmón de A Estrada, sin muchas más explicaciones. Miriam Rodríguez, de la misma plataforma, recibió la misma sanción como “promotora” de una protesta en Mondariz-Balneario ante la visita del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En ambos casos, la magistrada entiende que, “con la débil descripción de la conducta” “no resulta con la debida claridad en el expediente cuáles fueron los hechos imputables al recurrente” y deja un recado contra la “oscuridad probablemente propiciada por su tramitación en masa junto con otros [expedientes] idénticos que se siguieron frente a otros participantes en el incidente pero que en este caso impedían al interesado conocer suficientemente su imputación”. Así que, “por aplicación directa de los más elementales principios de presunción de inocencia”, estima los recursos, revoca las multas y le impone las costas a la Administración.

La tramitación a granel que cuestionan ambas resoluciones es la misma de la que vienen quejándose desde hace casi un año y medio los preferentistas, fundamentalmente de las batalladoras plataformas del sur de Galicia, que suman más de 20.000 euros en multas. Como todas han sido recurridas judicialmente, las vistas en los juzgados se extenderán hasta mediados del año próximo. Uno de ellos se celebró esta misma semana. También afectaba a Xulio Vicente, esta vez por montar barullo tras un pleno municipal en Mos que acabó suspendido. La denuncia de la Guardia Civil le achacaba portar un “artefacto explosivo”. El agente no acudió a Pontevedra para ratificar su versión.

Los afectados se plantean ahora basarse en estas resoluciones para volver a impulsar una investigación penal –la primera fue archivada por la fiscalía de Vigo -contra la Subdelegación de Gobierno, a quien acusan de impulsar una campaña de acoso contra las plataformas para desactivar sus protestas.

Fuente: El País

  • La sentencia establece que los inversores, a instancias del director de la oficina bancaria, destinaron el dinero en «un depósito garantizado y carente de riesgos» y suscribiendo las preferentes «con consentimiento viciado»

El juzgado de primera instancia número 16 de Valencia ha condenado a Bankia a devolver 300.000 euros que unos clientes minoristas sin formación específica que invirtieron en participaciones preferentes de Caja Madrid sin ser advertidos de los riegos de este producto bancario.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la juez declara la nulidad de la orden de suscripción, realizada el 29 de mayo de 2009 por valor de 300.000 euros, y su posterior canje en acciones y condena a Bankia a devolver esa cantidad más los intereses legales devengados, que se establecerán en ejecución de sentencia, pero deduciendo las cantidades percibidas por los afectados.

En los fundamentos de derecho, la sentencia establece que los inversores, a instancias del director de la oficina bancaria, destinaron el dinero obtenido por la venta de una nave industrial del negocio a familiar en “un depósito garantizado y carente de riesgos”, no recibiendo “una información veraz” y suscribiendo las preferentes “con consentimiento viciado”.

Según el fallo judicial, “esta falta de información impidió conocer las características del producto que estaban adquiriendo, no siendo informados que existía peligro de pérdida de dinero, ni que las participaciones no fueran amortizadas por la entidad emisora”.

Bankia alegó que las suscripciones se realizaron a través de las correspondientes órdenes de compra, “siendo indubitado el consentimiento” y qu previamente suscribieron un “contrato de depósito y administración de valores”  que estos inversores, pese a su perfil minorista, tenían abierta una cuenta de valores por importe de 17.800 euros, “por lo que su perfil conservador no era real”.

Por el testimonio de un empleado de la entidad, ha quedado probado, según la sentencia, que la venta “se realizó en la oficina y, posteriormente, preparó la documentación y la llevó al local comercial de los demandantes para su firma”.

Por ello, la juez estima en la sentencia que “en ningún momento, con carácter previo a la firma, se hizo entrega de la documentación a los demandantes para que procedieran a su estudio, lo que hace pensar que se estampó la firma sin leer siquiera su contenido”.

Se indica también que la entidad bancaria ocultó información básica, como el cambio de rating del producto con lo que Caja Madrid incumplió la obligación establecida en las condiciones sobre el proceso de revocación de órdenes de compra en caso de que se produjera una rebaja de calificación.

La Agencia EFE ha intentado contactar con los responsables de comunicación de Bankia, que no han contestado a las llamadas para que dieran su versión de los hechos.

Fuente: Las Provincias