El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Pamplona ha anulado la cláusula suelo contenida en un préstamo hipotecario al considerarla abusiva y condena a la entidad bancaria a devolver las cantidades cobradas indebidamente en aplicación de dicha cláusula.

PAMPLONA. La sentencia mantiene la vigencia de la hipoteca, pero eliminando la aplicación del límite del suelo del 3 por ciento y del techo del 12 por ciento, dando la razón así a una cliente que había demandado a Caja España. Contra la sentencia cabe interponer un recurso de apelación.

El juez considera que la entidad bancaria “no ha cumplido con el doble control de transparencia” a la hora de garantizar la comprensión y información suficiente para el consumidor.

Así, señala que, “independientemente de que la cláusula en su redacción estricta sea relativamente sencilla (eso sí, incluida dentro de toda la complejidad y tecnicismo con el que se define el interés variable de la operación, sin resaltarlo específicamente en ningún momento)”, no se justifica “en modo alguno por la entidad bancaria demandada haber cumplido el deber correcto de información para con la parte demandante, el cual ni indiciariamente aparece”.

Además, el juez cita un documento aportado por la cliente en el que la entidad “no habla de límite mínimo” en la hipoteca y “no ofrece información mínimamente clara de la existencia del suelo aplicable”.

Fuente: Noticias de Navarra

La polémica cláusula suelo en las hipotecas está en jaque desde que el Tribunal Supremo (TS) emitiera en 2013 una sentencia condenatoria (auto que sólo afectó, sobre el papel, a tres bancos) por falta de transparencia en su comercialización. Por lo general, los jueces están siguiendo la jurisprudencia de nulidad de la cláusula marcada por el Supremo e incluso algunos estamentos jurídicos más allá, concediendo el carácter retroactivoa sus autos (la devolución de la banca de las cantidades cobradas) que no respaldó el TS, argumentado un criterio de seguridad jurídica para el sector bancario (hay miles de millones de euros en juego).

Desde que el TS tomara la palabra en el controvertido tema de las cláusulas suelo, los estamentos judiciales mayoritariamente han ido declarando de forma constante la nulidad de este suelo (tipo de interés mínimo a pagar en los préstamos). Sin embargo, desoyendo la doctrina del Supremo, contrario a la retroactividad, tanto juzgados de primera instancia como audiencias provinciales están abogando por dar la razón también con carácter retroactivo a los demandantes, que se cuentan por millones..

Fuente: El Mundo

Los preferentistas siguen peleando por los ahorros de toda su vida. “Metimos el dinero en el banco. Era nuestro sustento para la vejez. Nos lo pusieron como un ahorro a plazo fijo, fue lo que nos dijeron. Nos contaron que nos los devolverían en cinco años y que si lo necesitábamos nos lo devolverían en 48 horas, sabiendo que el banco ya había quebrado. Eso es una estafa. En cualquier país del mundo ya estarían en la cárcel”, dice una de las afectadas por las preferentes.

Apenas 24 horas tardó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra en resolver los recursos de dos afectados por las preferentes que cuestionaban las multas que les había impuesto la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra por supuestos excesos en sus protestas de 2013 ante los políticos del PP. Las vistas fueron el jueves pasado y las sentencias se redactaron el viernes, con razonamientos muy similares en los que se indica que los atestados de la Guardia Civil eran tan vagos que no justifican las sanciones.

Xulio Vicente, portavoz de la plataforma de afectados de Baixo Miño, tenía una multa de 500 euros por intentar “alterar el orden y el normal desarrollo” de la Festa do Salmón de A Estrada, sin muchas más explicaciones. Miriam Rodríguez, de la misma plataforma, recibió la misma sanción como “promotora” de una protesta en Mondariz-Balneario ante la visita del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En ambos casos, la magistrada entiende que, “con la débil descripción de la conducta” “no resulta con la debida claridad en el expediente cuáles fueron los hechos imputables al recurrente” y deja un recado contra la “oscuridad probablemente propiciada por su tramitación en masa junto con otros [expedientes] idénticos que se siguieron frente a otros participantes en el incidente pero que en este caso impedían al interesado conocer suficientemente su imputación”. Así que, “por aplicación directa de los más elementales principios de presunción de inocencia”, estima los recursos, revoca las multas y le impone las costas a la Administración.

La tramitación a granel que cuestionan ambas resoluciones es la misma de la que vienen quejándose desde hace casi un año y medio los preferentistas, fundamentalmente de las batalladoras plataformas del sur de Galicia, que suman más de 20.000 euros en multas. Como todas han sido recurridas judicialmente, las vistas en los juzgados se extenderán hasta mediados del año próximo. Uno de ellos se celebró esta misma semana. También afectaba a Xulio Vicente, esta vez por montar barullo tras un pleno municipal en Mos que acabó suspendido. La denuncia de la Guardia Civil le achacaba portar un “artefacto explosivo”. El agente no acudió a Pontevedra para ratificar su versión.

Los afectados se plantean ahora basarse en estas resoluciones para volver a impulsar una investigación penal –la primera fue archivada por la fiscalía de Vigo -contra la Subdelegación de Gobierno, a quien acusan de impulsar una campaña de acoso contra las plataformas para desactivar sus protestas.

Fuente: El País

  • La sentencia establece que los inversores, a instancias del director de la oficina bancaria, destinaron el dinero en «un depósito garantizado y carente de riesgos» y suscribiendo las preferentes «con consentimiento viciado»

El juzgado de primera instancia número 16 de Valencia ha condenado a Bankia a devolver 300.000 euros que unos clientes minoristas sin formación específica que invirtieron en participaciones preferentes de Caja Madrid sin ser advertidos de los riegos de este producto bancario.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la juez declara la nulidad de la orden de suscripción, realizada el 29 de mayo de 2009 por valor de 300.000 euros, y su posterior canje en acciones y condena a Bankia a devolver esa cantidad más los intereses legales devengados, que se establecerán en ejecución de sentencia, pero deduciendo las cantidades percibidas por los afectados.

En los fundamentos de derecho, la sentencia establece que los inversores, a instancias del director de la oficina bancaria, destinaron el dinero obtenido por la venta de una nave industrial del negocio a familiar en “un depósito garantizado y carente de riesgos”, no recibiendo “una información veraz” y suscribiendo las preferentes “con consentimiento viciado”.

Según el fallo judicial, “esta falta de información impidió conocer las características del producto que estaban adquiriendo, no siendo informados que existía peligro de pérdida de dinero, ni que las participaciones no fueran amortizadas por la entidad emisora”.

Bankia alegó que las suscripciones se realizaron a través de las correspondientes órdenes de compra, “siendo indubitado el consentimiento” y qu previamente suscribieron un “contrato de depósito y administración de valores”  que estos inversores, pese a su perfil minorista, tenían abierta una cuenta de valores por importe de 17.800 euros, “por lo que su perfil conservador no era real”.

Por el testimonio de un empleado de la entidad, ha quedado probado, según la sentencia, que la venta “se realizó en la oficina y, posteriormente, preparó la documentación y la llevó al local comercial de los demandantes para su firma”.

Por ello, la juez estima en la sentencia que “en ningún momento, con carácter previo a la firma, se hizo entrega de la documentación a los demandantes para que procedieran a su estudio, lo que hace pensar que se estampó la firma sin leer siquiera su contenido”.

Se indica también que la entidad bancaria ocultó información básica, como el cambio de rating del producto con lo que Caja Madrid incumplió la obligación establecida en las condiciones sobre el proceso de revocación de órdenes de compra en caso de que se produjera una rebaja de calificación.

La Agencia EFE ha intentado contactar con los responsables de comunicación de Bankia, que no han contestado a las llamadas para que dieran su versión de los hechos.

Fuente: Las Provincias

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